Consecuencias sociales del éxodo rural

Uno de los principales aspectos sociales derivados de la urbanización de las sociedades modernas durante el siglo XX es el éxodo rural. En tal sentido, ha habido países que prefirieron incentivar a sus generaciones jóvenes para que éstas no abandonaran la ruralidad.
El proyecto de ley de arrendamientos rurales que está en debate intenta otorgar al Estado la facultad de regular dichos flujos a través de un mecanismo sumamente inadecuado: cercenar la libertad contractual en el ámbito de la producción rural.
La idea ni siquiera es original. En América latina en general, y la Argentina en particular los gobiernos populistas surgidos en la década del cuarenta no sólo no diseñaron políticas públicas en este sentido, sino que además vendieron la ilusión de la incipiente industrialización – que luego se comprobó fallida – y alimentó con la falacia de la esperanza de una mejor calida de vida sobredimensionados conurbanos donde convivir con la marginación, la droga y el delito es una degradante cotidiana.
Lamentablemente, los signos políticos de sus seguidores en el manejo de la cuestión pública cambiaron – a veces en forma diametralmente opuesta en sus concepciones filosóficas e ideológicas – pero ninguno tuvo el coraje de tomar el toro por las astas y revertir una situación que los últimos censos poblacionales nos marcan como casi irreversible.
Tomando como base para medir este fenómeno la cantidad de productores agropecuarios censados en épocas de un INDEC sin manoseos las cifras hablan por sí solas: 1969, 37.800 productores; 1988, 27.100; 2002, 21.500. si es por unidades productivas la hipótesis se comprueba con creces. Entre 1988 y 2002, crisis de 1989 y 2002 mediante, desaparecieron más de 5000 establecimientos agropecuarios, y nueve de cada diez eran menores de 120 hectáreas.
El proyecto de ley que se estudia profundizará esta lamentable situación, pues una regulación excesiva del Estado no hará más que desincentivar los emprendimientos personales con el consecuente abandono de la actividad agropecuaria por parte de numerosos pequeños propietarios que apuestan a mejorar día a día.
La bibliografía anglosajona de las ciencias sociales ha acuñado un término: "The push-pull theory" o "Teoría de la atracción - repulsión" que sirve para explicar, al menos de una manera sencilla, la génesis del éxodo campesino hacia los centros urbanos, como desplazamientos motivados por factores de rechazo en el medio rural y, como contrapartida, de atracción en el urbano.
De la Argentina soñada por Alberdi y del ideal inmigratorio de Avellaneda queda poco. El proceso afectó de distintos modos, y en una misma línea expulsora, a los descendientes de criollos, italianos, alemanes o judíos; a los peones, a los arrendatarios, y a los pequeños propietarios, con la excepción de pocas colonias que salieron de la ganadería y la agricultura extensivas.
Las consecuencias del éxodo rural se sienten tanto en la ciudad como en el campo. Mientras en el medio rural disminuye la vitalidad de la población, con el consiguiente empobrecimiento demográfico y el envejecimiento de su población – que generan desequilibrios en la composición de la población por edad y sexo -  en los centros urbanos crece la competencia en el mercado de trabajo y en los servicios.
Sin duda, el efecto más negativo que se registran en los conurbanos que sin ningún tipo de estrategia demográfica y de mejoras en la calidad de vida de los nuevos migrantes,  es el aumento de la marginalidad de parte de la población.
Es aceptado por expertos de diferentes lugares del mundo que la superpoblación de los cordones periféricos de las grandes ciudades disminuye el nivel de vida de la población urbana en su totalidad.
Entonces, más que ofrecer falsas soluciones populistas y demagógicas que ya han probado su rotundo fracaso hace sesenta años, ha llegado el momento de ofrecer a las generaciones jóvenes posibilidades de crecimiento en el medio rural a partir de estrategias regionales genuinas, tendientes a luchar contra la despoblación a partir del asentamiento de nuevos vecinos en los pueblos rurales donde el promedio de edad ya ha pasado los parámetros reproductivos.
En tal sentido, la globalización y la revolución de las comunicaciones iniciada junto al presente siglo permite pensar opciones derivadas de la creciente dislocación laboral de la sociedad, es decir, aprovechar al máximo que hoy ya no es necesario trabajar físicamente en un lugar para producir resultados.
Es posible pensar en empresarios autónomos que deciden apostar al entorno rural descontaminado para el crecimiento de sus hijos. Para ello será necesario aumentar los incentivos a partir, fundamentalmente, de una nueva política fiscal y una ley nacional de redoblamiento que otorgue a los pueblos del interior los recursos para desarrollar centros educativos y sociales adecuados al perfil de la nueva población.
En España, por ejemplo, ya existe una Ley de Desarrollo Rural que, entre otras cosas, prevee incentivos fiscales, con bonificaciones de hasta el 20% en el impuesto general de sociedades y del 50% en las cuotas a la Seguridad Social para los nuevos puestos de trabajo creados para aquellas empresas que ubiquen su actividad económica preferente en áreas rurales. A la par, prevé establecer la libertad de amortización del inmovilizado material e inmaterial durante los cinco primeros ejercicios de actividad de estas empresas.
En nuestro país tampoco faltan proyectos, aunque muchos de ellos no son lo suficientemente publicitados. Seguramente la bisagra que marcó el conflicto iniciado el pasado 11 de marzo de 2008 permita debatir estos temas con otra cobertura periodística y, fundamentalmente, con mayor conciencia desde la población urbana.
La Escuela Agropecuaria de Goyena, partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, acaba de presentar a la sociedad local un trabajo elaborado por sus alumnos, donde se recogen las inquietudes de la nueva generación en una sociedad que en los últimos años disminuyó en un diez por ciento su población.
En el citado estudio se pide por la extensión y mantenimiento de la red vial y ferroviaria, sobre todo ésta última, que consideran una fuente indiscutible del desarrollo de las economías regionales, que se complementen con un transporte público que posibilite al habitante rural poder superar el aislamiento, facilitar una relación más directa con el entorno urbano inmediato y los centros de producción, acopio, procesamiento y distribución de la producción; rediseñar la política impositiva para el pequeño y mediano productor considerando las diferencias regionales.
Junto a ello sería conveniente la creación de líneas de créditos blandos para ser aplicados a la producción acorde a la realidad productiva regional, y apoyar de manera integral los proyectos para micro y medianas empresas que se puedan autogestionar y sustentar en el tiempo, así como la promoción de políticas públicas que tiendan a facilitar la permanencia de sus habitantes en las localidades y generar condiciones para la recepción de nuevos pobladores.
Junto a lo anterior se hace imprescindible incentivar acciones coordinadas entre el ámbito público y la iniciativa privada para garantizar el desarrollo integral y sustentable que faciliten el surgimiento, la radicación y la reactivación de emprendimientos productivos.
Las posibilidades son múltiples, pero en nuestro país todo intento de llevarlas a cabo choca contra un diseño de organización política que ha convertido a los ciudadanos de los conurbanos en rehenes de la caridad mal entendida que lleva adelante el sistema político partidario para lograr la cantidad de adeptos necesarios para ganar una elección. Así, las pugnas derivadas del clientelismo tienden a impedir todo debate serio en esta dirección.
Sirva como consejo final tomar como ejemplo el éxito de diversas políticas encaradas en poblaciones menores, donde existe un diagnóstico más preciso de la realidad, persiste la visión de comunidad y el control ciudadano, y un vínculo más directo con la naturaleza, que permite una mayor conciencia por el cuidado del medio ambiente y el autoabastecimiento.
Sólo hace falta voluntad política para llevar adelante este proyecto imprescindible para las futuras generaciones, más acorde a los tiempos actuales que los argumentos esbozados en el proyecto de ley que hoy se debate.
En síntesis, esgrimidos aquí los aspectos sociales más perjudiciales que puede acarrear el proyecto de referencia. No nos extendemos en cuestiones jurídicas y económicas concatenadas a los mismos, por ser estudiadas en su momento por destacados especialistas.
 Por Juan Cruz JAIME